El Consejo de la UE da luz verde in extremis a una Due Diligence descafeinada

La Due Diligence da finalmente un paso adelante. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado en el último momento la Ley de Debida Diligencia, que establecerá sanciones y responsabilidad civil a las empresas por su impacto en el medioambiente y las personas que forman parte de su cadena de valor.

La ley aprobada por el Consejo, sin embargo, introduce cambios importantes respecto al texto que había pactado inicialmente el organismo con el Parlamento Europeo, y que se vio truncado por la negativa a última hora de Alemania, Francia e Italia.

La mayor modificación es, concretamente, respecto a las empresas que deberán acatar el nuevo marco legislativo. Según la nueva propuesta, únicamente las empresas de gran tamaño estarán bajo la directiva. Esta propuesta plantea elevar los umbrales de 500 empleados a más de 1.000 de media, y de 150 millones de euros de facturación neta a 450 millones de euros. Este nuevo umbral también se aplicará al sector textil y de calzado, ya que se ha eliminado el enfoque más restrictivo para este sector, considerado de alto riesgo.

El texto aprobado introduce cambios en el tamaño de las empresas afectadas, el alcance en la cadena de valor y los incentivos

La nueva propuesta aprobada hoy recorta parte de las actividades sujetas a los deberes de diligencia debida, excluyendo de la responsabilidad de las empresas en la etapa de disposición de los productos, incluyendo el reciclaje. Esto significa que las empresas no tendrán que identificar y responder por los riesgos y daños que se generen de estas actividades de la cadena de valor descendente de la empresa.

La tercera modificación respecto al texto inicial hace referencia a los incentivos. Se mantiene el plan de transición climática, pero se eliminan los incentivos para la implementación del plan para lograr la neutralidad climática.

El acuerdo alcanzado en diciembre requería que las grandes empresas proporcionaran incentivos a sus directores para promover la implementación del plan de transición climática de la empresa. Este requisito se elimina de la propuesta adoptada hoy por el Consejo.