Bangladesh frente a la seguridad: el Gobierno pone en jaque el Accord

El textil de Bangladesh continúa estando en el punto de mira. Después de unas semanas de manifestaciones por los salarios, en las que resultaron heridas cincuenta personas y se despidieron a unos 8.000 trabajadores de una treinta de fábricas, el país vuelve a situarse en la primera línea ante la amenaza de cierre del Accord on Fire and Building Safety pocos meses después de renovarse.

El próximo lunes 18 de febrero está previsto que la Corte Suprema de Bangladesh decida el futuro de este pacto, que el pasado julio renovaron 119 compañías internacionales para darle continuidad por tres años más. El primer Accord, que se firmó en 2013 a raíz de la tragedia del Rana Plaza, concluyó el año pasado y se decidió entonces establecer una prórroga hasta 2021, un periodo de transición para delegar su función al Gobierno.

Sin embargo, desde IndustriAll se denuncia que, desde la renovación del Accord, el Gobierno de Bangladesh ha ido recurriendo judicialmente los procedimientos establecidos intentando impedir que continúe desarrollando su actividad en el avance de la seguridad en las instalaciones fabriles.

Justo después de renovarse el acuerdo por tres años más, el Ejecutivo bengalí presentó una orden de restricción de la actividad del Accord, que tenía que entrar en vigor el 30 de noviembre de 2018. El Gobierno del país pretendía someter todas las decisiones de la organización a la aprobación de un comité de gobierno, además de prohibir a los inspectores identificar nuevos problemas de seguridad.

El Accord podría dejar de operar en Bangladesh si el próximo lunes los tribunales obligan a aplicar las restricciones del Gobierno

Justo antes de que la propuesta del Ejecutivo entrase en vigor, la Corte Suprema de Bangladesh celebró una primera audiencia a raíz de la apelación presentada por el Accord contra la orden del Gobierno. El 6 de diciembre se celebró una segunda audiencia y, para la semana que viene, está prevista la tercera, que será determinante para garantizar su futuro.

El Accord mantiene aún su oficina en Dacca, con una estructura con más de 200 empleados. En el caso de que la decisión de los tribunales favoreciera al Gobierno bengalí, la oficina se cerraría y sólo tendría opción de continuar operando desde Ámsterdam. Este traslado dificultaría la inspección y supervisión de las factorías.

Sin embargo, aquello que desde el Ejecutivo o la patronal del sector en el país puede verse como una amenaza a su competitividad, es de alguna manera su tabla de salvación, ya que la salida del Accord del país podría provocar la rescisión de contratos por parte de grandes grupos de distribución de moda con aquellas fábricas que no tengan todas las garantías, según se alerta desde las empresas.

Durante sus cinco primeros años de vigencia, el Accord realizó 7.000 inspecciones periódicas de seguimiento e inspeccionó unas 1.800 fábricas de prendas de vestir. Un total de 172 factorías completaron las labores de corrección de incidencias.