El Gobierno destina 900 millones a la reindustrialización

Reindustrialización e internacionalización son dos de los pilares de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2018. A falta de su aprobación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado esta mañana su plan presupuestario para este año, que incluye partidas concretas para la reconversión industrial, la promoción del comercio internacional y, en menor medida, el apoyo al comercio minorista.

En política industrial, los planes del Gobierno pasan por que el sector manufacturero genere el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y, para ello, los presupuestos recogen su voluntad de reindustrializar con el impulso de sectores tradicionales y su adaptación a un nuevo contexto marcado por la digitalización y la globalización.

En este sentido, el documento indica la necesidad de eliminar trabas administrativas y normativas, mejorar el acceso a la financiación y facilitar el aumento de su dimensión, apoyar la búsqueda de nuevos mercados internacionales y fomentar la innovación y el espíritu emprendedor.

El Gobierno contempla planes concretos en industria sólo para los sectores naviero, del transporte y energético

En reconversión y reindustrialización se traza un plan específico para el sector naval. Para el resto, se realizarán actuaciones específicas en el marco del Programa de Apoyo Financiero a la Inversión Industrial para sectores estratégicos orientadas, en primer lugar, a la creación, ampliación o traslado de instalaciones industriales, y en segundo lugar, a favorecer planes de mejora empresariales para ganar competitividad.

A los planes de reconversión y reindustrialización se destinarán 871 millones de euros en 2018. El Gobierno también duplica el presupuesto para el programa de desarrollo industrial hasta 54 millones de euros en 2018, orientados sobre todo al sector del transporte. También hay una línea de préstamos para el sector energético, de treinta millones de euros, para la renovación de bienes de equipo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por último, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destinará también 51 millones de euros en 2018 a la protección de la propiedad industrial y otros sesenta millones de euros más a incentivos regionales para la localización industrial. Esta última partida consta de concesiones a fondo perdido a empresas privadas que inviertan en una serie de áreas geográficas definidas por el propio Gobierno y que tienen como fin reducir las diferencias de situación económica interterritorial.

El Ejecutivo destinará también 400 millones de euros a la promoción comercial de las empresas españolas

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 destinan una partida para la política de comercio, turismo y pyme que asciende a 900 millones de euros. De estos, un total de 419 millones de euros son en créditos destinados a apoyar la internacionalización de las empresas. En esta misión, el Ejecutivo destina también 400 millones de euros a la promoción comercial e internacionalización.

En este aspecto, se pone en marcha el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (Fiem) para promover las operaciones de exportación y de inversión directa en el extranjero. Otros instrumentos en esta línea son el Fondo para Inversiones en el Exterior (Fiex) y el Fondo para Operaciones de Inversión de la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), así como el Seguro de Crédito a la Exportación. Estas actividades están dotadas con 230 millones de euros. Por último, el Gobierno ha presupuestado para el Icex un total de 81 millones de euros.

Respecto al comercio minorista, los presupuestos contemplan una partida de nueve millones de euros para el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista en España, así como una serie de medidas para facilitar el acceso al crédito al pequeño comercio.

Presupuestos más sociales

Los nuevos presupuestos del Estado, presentados hoy en el Congreso de los Diputados con seis meses de retraso y pendientes aún de su aprobación, tienen un fuerte componente social ante la fuerte presión ejercida por colectivos como el de los funcionarios y el de los pensionistas.

Con miras a mantener el objetivo de déficit público que exige Bruselas, del 2,2% del PIB, el documento contempla subidas salariales a funcionarios e incrementos en las pensiones bajas y de viudedad, además de bajar el Irpf a rentas de entre 12.000 euros y 18.000 euros anuales, ayudas para guarderías y para discapacitados a cargo.

Por otro lado, las partidas que más incrementan sus dotaciones son las de infraestructuras e I+D, que elevan el gasto un 16,5% y un 8,3%, respectivamente.