2018, el año en que los juzgados volvieron a abrir las puertas a la moda

La mochila pesa demasiado como para aguantar un último repecho en el camino. En 2018, la moda española volvió a entrar en los juzgados para acogerse al concurso de acreedores o, directamente, para solicitar la liquidación. Si en los últimos años los expedientes habían correspondido, sobre todo, a empresas pequeñas, en los doce meses de 2018 nombres destacados del sector han entrado en los juzgados. De Sybilla a Intropia, pasando por TCN y Carrera y Carrera, la moda vuelve a jugar la carta de la antigua suspensión de pagos.

El mayor concurso de acreedores del ejercicio por volumen de pasivo fue el de Intropia. Los rumores sobre la compleja situación de la empresa de moda femenina liderada por Constan Hernández circulaban en el sector desde principios de ejercicio, pero no fue hasta julio cuando la compañía se acogió al preconcurso, una figura de la Ley Concursal con la que consiguió cuatro meses de oxígeno para negociar con sus acreedores.

La empresa aceleró entonces el proceso de búsqueda de socios, recurriendo incluso a grupos de inversión distressed que han participado en otras operaciones de rescate de empresas españolas de moda. Empresarios como Andrés Tejero, ex vicepresidente y ex consejero delegado de Pronovias, también analizó la compra de Intropia, que ha contado entre sus accionistas a directivos como Rafael Abitbol o Jaime Bergel.

Ninguna operación llegó a fructificar y en noviembre Intropia terminó presentando concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 10 de Madrid. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016, At Least (sociedad con que opera Intropia) acumulaba un pasivo de más de 25 millones de euros. El grueso de la deuda correspondía a compromisos con entidades de crédito.

Si Intropia destacó por tamaño, Sybilla lo hizo por marca. Si bien en los juzgados no consta todavía la presentación de ningún expediente concursal, la firma de la diseñadora madrileña comenzó a mediados de ejercicio el proceso para entrar en los juzgados, según admitió la propia empresa.

Cuatro años después de rescatar la sociedad Programas Exteriores de los juzgados, la diseñadora y empresaria ha encontrado de nuevo dificultades para reconducir el negocio. Antes de plantearse recurrir al concurso, la empresa llevaba desde principios de año detrás de un acuerdo con un posible inversor, que finalmente no se concretó.

“Recuperé la empresa del concurso con una deuda muy elevada, pero con el desafío de sacar el proyecto adelante, de hacer una marca made in Spain y con profesionales con experiencia”, explicó la propia diseñadora en julio a Modaes.es.

TCN fue otro de los nombres sonados de la moda española que se acogió al concurso en 2018

Otra compañía que comenzó el ejercicio con malos datos y lo terminó en concurso de acreedores fue Carrera y Carrera. La compañía española de joyería, controlada por un grupo de inversores rusos desde 2012, presentó en diciembre concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid.

La entrada en los juzgados de la histórica firma española fue la crónica de una muerte anunciada. A lo largo de 2018, el grupo echó el cierre a todas sus tiendas en España, donde operaba con puntos de venta monomarca y corners en El Corte Inglés y, según fuentes cercanas a la empresa, prescindió del grueso de su plantilla: pasó de más de un centenar a sólo 24 empleados.

En verano, la empresa se acogió al preconcurso, lo que le dio cuatro meses para negociar con sus acreedores para evitar el concurso. Aunque Carrera y Carrera no deposita cuentas en el Registro Mercantil desde 2014, fuentes cercanas al grupo estiman que su deuda podría superar los diez millones de euros, la mayoría con entidades bancarias.

Otro de los nombres sonados de la moda española que se acogió al concurso en 2018 fue la compañía de moda femenina TCN. A mediados de noviembre, el fondo de inversión Endurance decidió llevar a concurso a la sociedad Noeco, propietaria de la firma de moda íntima y baño, tres años después de hacerse con ella.

Ory es una de las empresas que mostrado su interés por hacerse con la unidad productiva de Noeco

Fuentes próximas a la empresa explicaron entonces que la decisión de entrar en los juzgados tenía como objetivo dar inicio a una nueva etapa para la marca, pues junto con el expediente concursal se presentó una oferta de un operador interesado en la compra: la empresa de moda femenina Simorra.

En 2017, Endurance Partners se hizo con el cien por cien del capital de TCN, hasta entonces en manos de Totón Comella y Josep Maria Donat, después de haber entrado en su accionariado en 2015 con una participación. En este periodo, el fondo creó un nuevo equipo, saneó el balance y reestructuró la deuda bancaria de la empresa.

La sociedad Noeco cerró 2017 con unos números rojos de 399.578 euros, mientras sus ventas se situaron en 5,1 millones de euros. La empresa concluyó 2017 con un pasivo de más de cinco millones de euros.

El fin de año fue ajetreado para TCN y el inicio de 2019 promete serlo también. La puja por hacerse con la unidad productiva de la compañía catalana de íntimo y baño despertó también el interés de la burgalesa Ory, especializada en baño. 

Simorra, que en un primer momento fue la mejor posicionada para hacerse con la unidad productiva de Noeco, terminó dando un paso atrás en el proceso. Sin embargo, otros actores empezaron a estudiar nuevas ofertas.

Tras la solicitud del expediente concursal, la jueza instructora del caso, María José Hompanera González, aprobó el plan de liquidación de la sociedad Noeco, en el que se incluía la propuesta de venta de la unidad productiva y se citaba para principios del próximo enero para la apertura de plicas.

Tino González fue una de las pocas empresas en salir airosa del concurso

Crisis también en los nichos

Moda infantil, moda nupcial y de fiesta o calzado son algunos de los nichos que también vivieron concursos a lo largo de los doce meses de 2018.

La compañía burgalesa Trasluz presentó en febrero concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos financieros. La empresa presentó el expediente para su sociedad Trasluz Casual Wear, una vez agotado el plazo tras haberse acogido al artículo 5 bis de la Ley Concursal. Según explicaron entonces fuentes de la empresa, la entrada en los juzgados llegó “tras una larga negociación fallida, durante el plazo que habilita la ley concursal, para la refinanciación de la deuda con sus principales acreedores financieros”.

A lo largo de 2018, la empresa llevó a cabo una reestructuración de su negocio, recortando plantilla en más de un cincuenta por ciento y reduciendo su presencia física en el mercado español. A mediados de año, Trasluz entró en México de la mano de un socio local para reducir su dependencia de España.

Pili Carrera intentó sortear su situación financiera primero con un Erte y finalmente con un concurso

También en moda infantil destacó el expediente concursal de Pili Carrera. En el primer trimestre del ejercicio, la empresa gallega planteó un expediente de regulación de empleo temporal (Erte) que podría afectar a hasta 200 personas de su plantilla, concentrada en el municipio de Mos (Pontevedra), donde se encuentra su fábrica.

Sólo quince días después, la compañía de moda infantil dio marcha atrás y canceló el expediente de regulación de empleo, al tiempo que la dirección anunció que se proponía estudiar otras medidas de índole productiva.

Pero este movimiento no funcionó y en septiembre la empresa entró en concurso de acreedores. Con un pasivo de más de cinco millones de euros, la voluntad de la empresa es continuar con su actividad y trazar un plan de viabilidad y de pagos con sus acreedores.

En el caso del nicho de la moda nupcial y de fiesta, el protagonista fue Cabotine. En octubre, la sociedad GN Active, propietaria de la marca de moda nupcial y de fiesta, solicitó concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 1 de Murcia. Cabotine es propiedad de la familia Nicolás.

La compañía, que forma parte del hólding familiar GN Design Group, dio un frenazo en su crecimiento en 2017, cuando entró en números rojos y contrajo un 32% sus ventas. En el último ejercicio, la compañía propietaria de Cabotine tenía unos fondos propios de 2,55 millones de euros, y un pasivo de 3,25 millones de euros, de los cuales el grueso eran deuda a corto y largo plazo con entidades financieras.

Salidas y operaciones

Caramelo, Okeysi o Alma Bloom, pero también Rebeca Sanver o Bissú. Todas ellas son marcas que han quedado atrapadas en los juzgados después de que sus anteriores sociedades encarasen la fase final del concurso de acreedores y entraran en liquidación. Tras la anterior oleada de procesos concursales, en 2017, son varias las empresas a la espera de ser rescatadas, tal y como lo fueron Marypaz, Amichi o Viriato en el pasado.

El caso más extremo es el de Caramelo, cuya venta, dos años después de su liquidación, parece todavía lejana. La jueza del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña rechazó en diciembre la prórroga que solicitó Kosu Nuno, la sociedad adjudicataria de la marca, para pagar los 500.000 euros que ofreció por la firma. Las dos empresas finalistas gallegas presentaron un escrito solicitando “el mínimo indicio” de que Kosu Nuno tiene intención de pagar. El proceso de venta de Caramelo terminó 2018 igual que lo comenzó: encallado en los juzgados.

System Action es de las pocas marcas que ha sido rescatada de los juzgados

System Action, en cambio, tuvo más suerte. En mayo, la compañía catalana de moda femenina Paz Torras se hizo con la marca y la unidad productiva después de que cuatro de las sociedades que gestionaban estos activos, Systemaction, Esfera Verde, 4 Barras y Brauinver, encarasen el proceso de liquidación.

Posteriormente, System Action, que había entrado en concurso en enero, recibió una inyección de tres millones de euros por parte de Paz Torras. Con estos nuevos recursos, Paz Torras pretende relanzar la actividad de Systema Action con aperturas de puntos de venta y la apuesta por el negocio online.

Okeysi, en cambio, desapareció del mercado tras entrar en liquidación en febrero al no encontrar un comprador. La empresa nació en Madrid en 2007 y llegó a contar con una red de 25 puntos de venta en toda la geografía española. La facturación de la compañía rozó los cuatro millones de euros en 2017, una cifra que contrasta con los 14,38 millones de euros que había ingresado un año antes. Alma Bloom, especializada en moda íntima, también entró en liquidación en 2018.

La nota positiva del ejercicio la puso Tino González. El Juzgado Mercantil número 5 de Madrid aprobó en marzo el convenio concursal y dio por finalizado el proceso concursal de la compañía de distribución de calzado.

La empresa, pilotada por el empresario madrileño Valentín González, entró en los juzgados en diciembre de 2013, enfiló la salida del proceso en noviembre  de 2017 tras alcanzar un acuerdo con los acreedores. La empresa pactó entonces una quita media del 70% de la deuda y aprobó el convenio de acreedores con el 78,69% del pasivo.