Rana Plaza, cinco años después de la tragedia que transformó la industria de la moda

Cinco años del Rana Plaza. Acuerdos para la inspección de factorías, nuevas relaciones entre grupos de distribución y proveedores, e implicación institucional para mejorar salarios y condiciones laborales. El nuevo paradigma del aprovisionamiento global parte de la tragedia que se vivió el 24 de abril de 2013, que provocó la muerte de cerca de 1.130 personas y dejó casi 2.500 heridos, y que fue un punto de inflexión en las estrategias de compras de los grandes grupos de distribución de moda del mundo. Sin embargo, se está aún en una fase incipiente, en la que persiste la tensión social ante salarios todavía muy bajos y se acusa la falta de infraestructuras en el país.

Considerada como una de las mayores tragedias de la historia industrial, superada sólo por Chernóbil y el desastre químico de Bhopal, el derrumbe de este inmueble en Bangladesh, que albergaba varias fábricas textiles, supuso un antes y un después en la industria de la moda y en sus estrategias de aprovisionamiento. Desde entonces, el sourcing de los grandes grupos de distribución ha dejado de ser sólo una batalla de costes y márgenes para trazar nuevas alianzas con proveedores, grupos sindicales y gobiernos locales.

No era la primera vez que había un accidente en una fábrica textil en el Sudeste Asiático, donde se había trasladado la producción de ropa desde 2009, pero sí la primera de esta magnitud. También por primera vez, la prensa mundial se hizo eco del incidente y lo hizo vinculando la tragedia a los gigantes occidentales del retail. El pasado agosto, la justicia de Bangladesh condenó a tres años de cárcel y una multa de 625 dólares al propietario del inmueble, Sohel Rana.

El ‘sourcing’ ha dejado de ser una batalla de costes para trazar alianzas con proveedores, sindicatos y administración local

El derrumbe del Rana Plaza mostró el peor rostro de la deslocalización industrial y puso en evidencia a todo un sector que, durante dos décadas, se había apoyado en los bajos costes productivos en Asia para reforzar su inversión hacia la distribución y la comunicación. Desde entonces, la industria de la moda ha tejido un nuevo paradigma productivo para evitar nuevas tragedias como la del Rana Plaza en Bangladesh, pero también para exportarlo al resto de hubs de aprovisionamiento del sector.

El textil fue pionero en agrupar a los titanes de la distribución para mejorar las estructuras de las fábricas y tener una mano a los proveedores locales para repararlas y, en caso necesario, reconstruirlas. Los grandes grupos de la moda se asociaron para ello en dos pilares, el Bangladesh Accord on Fire and Building Safety y el Alliance for Bangladesh Worker Safety. Se trató de un acontecimiento sin precedentes en todo el sector manufacturero global.

El primero de los pactos, el más numeroso y que además contaba con ONGs, sindicatos y administraciones, acaba ahora de renovar por tres años más, mientras que el segundo, compuesto sólo por empresas estadounidenses, estudia la manera de darse continuidad. El propósito de ambos, además de haber inspeccionado todas las factorías que trabajan para grupos internacionales de moda, es establecer una plataforma de trabajo lo suficientemente sólida para ceder el relevo de esta labor a las administraciones locales.

Cinco años después del Accord y la Alliance, se trabaja para ceder su labor al Gobierno del país

Desde entonces, las ayudas económicas al sector se han ido sumando. El pasado noviembre, el Banco Mundial otorgó un préstamo de 457 millones de dólares al sector textil de Bangladesh para potenciar las infraestructuras del sector y crear en empleo y, a principios de 2018, el Banco Asiático de Desarrollo firmó un acuerdo con Eastern Bank para realizar un préstamo de veinte millones de dólares para mejorar los estándares de calidad del sector en el país.

De hecho, uno de los grandes hándicaps que frenan el crecimiento industrial del país es la falta de infraestructura. De hecho, a finales del año pasado, se produjo un parón industrial ante la falta de gas y, en consecuencia, de suministro eléctrico.

Sin embargo, la cuestión salarial continúa latente. A mediados del pasado enero, el Ministerio de Trabajo del Gobierno bengalí configuró un nuevo comité para determinar el salario mínimo en el país. La última alza se remonta a 2014 (se pactó después de la catástrofe del Rana Plaza), cuando el sueldo mensual se fijó en 5.300 takas, el equivalente entonces a 50,15 euros. Desde entonces, el salario mínimo no ha variado.

La cuestión salarial está aún por solventar cinco años después de que se subiera el sueldo mínimo a 50,15 euros mensuales

Ahora los sindicatos vuelven a presionar para subir los sueldos para fijar el mínimo en 200 dólares (160 euros), el triple del actual. La patronal, por su parte, ya avanzó que la propuesta de los trabajadores era demasiado alta y volvió a agitar el temor a la pérdida de competitividad. No obstante, los grupos de distribución han empezado a tomar parte en estas negociaciones, de las que hasta ahora habían quedado al margen.

En Camboya, por ejemplo, quince de los mayores grupos de distribución constituyeron la plataforma ACT (siglas de acción, colaboración y transformación) junto con industriales del país y representantes sindicales para avanzar en una negociación colectiva sectorial. Empresas como Inditex o H&M trabajan también de la mano de agrupaciones sindicales para promover la constitución de comités de empresa dentro de las factorías. No se trata sólo de mejorar las condiciones laborales, sino de sellar al máximo su reputación.