Ola sindical en Bangladesh: 416 organizaciones para sólo el 10% de las fábricas textiles

Bangladesh vive una auténtica ola sindical. Dos años después del derrumbe del Rana Plaza, que costó la vida a más de 1.100 personas, los trabajadores del país han optado por tomar una actitud activa para la mejora de sus condiciones laborales. Entre 2013 y los tres primeros meses de 2015, el movimiento sindical del país se ha multiplicado. En este periodo se han creado 280 nuevos sindicatos en Bangladesh, que alcanza ya un total de 416 organizaciones, según el informe Whoever raises their head suffers the most: worker’s rights in Bangladesh, de Human Right Watch.

El documento señala que el movimiento sindical ha explosionado a raíz de la tragedia del Rana Plaza, ya que entre 2011 y 2012, el departamento laboral del Gobierno bengalí tan solo registró la solicitud de constitución de dos sindicatos. El número de peticiones se disparó a partir de julio de 2013, tres meses después del hundimiento del Rana Plaza, a raíz del cambio de legislación que llevó a cabo el Ejecutivo del país para facilitar la organización sindical.

Fruto de la nueva normativa, en 2013, se crearon 85 nuevos sindicatos; en 2014, un total de 174, y entre enero y marzo de este año, 21 más. No obstante, a pesar de las 416 organizaciones sindicales con las que cuenta el país en la actualidad, sólo el 10% de las más de 4.500 fábricas textiles en el territorio cuenta con comité de empresa.

Este aumento de las organizaciones sindicales es uno de los elementos que los autores del estudio subrayan para explicar el recorrido que queda todavía por hacer para garantizar los derechos laborales entre los trabajadores bengalíes. El documento, que se ha realizado a partir de entrevistas con alrededor de 160 empleados de 44 fábricas que producen prendas para gigantes de la distribución de moda de Estados Unidos, Europa y Australia, asegura que todavía es habitual la violación de los derechos de los trabajadores en  la mayoría de ellas.

Entre los abusos que permanecen en los centros de producción del país, el informe enumera la violencia física y verbal, que a veces tiene connotaciones sexuales; la obligatoriedad a realizar horas extras; la retirada de las pagas por baja maternal; el impago de salarios y bonificaciones o la provisión de agua no potable.

En los últimos años, el Gobierno del país ha mejorado la legislación laboral de los trabajadores bengalíes, ha empezado a colaborar de manera estrecha con la Organización Internacional del Trabajo (ILO, en sus siglas en inglés) y ha logrado el visto bueno de la patronal para implantar la nueva normativa. Sin embargo, el informe denuncia que los propietarios de las fábricas cuentan con suficiente influencia en el Gobierno para evitar que se les exijan explicaciones por las violaciones de derechos laborales, así como las garantías de seguridad.

Los autores del documento concluyen que sólo la presión que puedan ejercer los compradores internacionales mejorará las condiciones salariales de los trabajadores del textil en el país. En paralelo a ello, el Gobierno deberá garantizar la libertad de asociación y el fin de las actividades ilegales en contra de la representación sindical en las empresas. A finales de 2014, varios operadores internacionales suspendieron de manera temporal sus pedidos a Azim Group después de constatar que no había permitido la creación de un comité de empresa.