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20 Sep 201703:55

Entorno

Las grandes superficies, contra la nueva ley de comercio

23 Feb 2010 — 00:00
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El Congreso de los Diputados dio luz verde la semana pasada a la nueva ley de comercio, que ha despertado el rechazo de las grandes superficies comerciales. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), en la que se integran compañías como El Corte Inglés, C&A, grupo Cortefiel, Conforama, Carrefour y Alcampo, ya ha expresado su disconformidad con la norma por sus aspectos restrictivos a la apertura de establecimientos.Anged cree que algunos preceptos de la ley rayan la inconstitucionalidad y son contrarios a la directiva europea de servicios, que precisamente la nueva normativa española pretende transponer. "El Estado", indica Anged, "no puede condicionar ni los usos del suelo en cada territorio ni indicarles a las comunidades autónomas y los entes locales cómo deben planificar en esta materia". La ley, que según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo "se inspira en el principio de libertad de empresa y tiene por finalidad facilitar el libre establecimiento de servicios de distribución comercial", prevé que las administraciones con competencias en urbanismo atiendan a "los problemas de movilidad y desplazamiento derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos urbanos". Anged recuerda también que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en contra de que el Estado que regule o prejuzgue aspectos que corresponden propiamente al urbanismo. Por otro lado, la patronal cree que la normativa trata de configurar una fórmula de comercio, con lo que vulnera la directiva de servicios, al señalar que se facilitará la satisfacción de necesidades de compra "en un entorno de proximidad". Anged apunta, en síntesis, que la ley desaprovecha una oportunidad para trazar un mapa comercial más eficiente y que se desarrolle en un marco de libre competencia. El Ministerio, en cambio, subraya que la ley permitirá más liberalización, simplificación de trámites y mayor seguridad jurídica. También estima que la reforma puede contribuir a la creación de unos 50.000 puestos de trabajo en los próximos años y a generar una inversión inducida de unos 4.000 millones de euros.
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