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16 Jun 202104:27

La encrucijada del ‘sourcing’ en Bangladesh: de la autorregulación a la ley y de la prensa al tribunal

Tres académicos, entre ellos Javier Chércoles-Blázquez, asesor de Primark y exdirector de RSC de Inditex, anticipa una nueva oleada de regulaciones claves para el sourcing de la industria de la moda.

10 Jun 2021 — 04:52
I. P. G.
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La encrucijada del ‘sourcing’ en Bangladesh: de la autorregulación a la ley y de la prensa al tribunal

 

 

Mucho se ha avanzado en Bangladesh pero mucho queda también por hacer todavía. Ocho años después del Rana Plaza, el segundo mayor hub de confección del mundo todavía no cuenta con un sistema de seguridad social ni con una herramienta que garantice compensaciones tras una catástrofe. En este contexto, las tácticas están cambiando: la autorregulación de las grandes marcas está dejando paso a la ley, y la presión mediática a golpe de artículo de prensa está siendo relevado por una más acuciante, la de los tribunales.

 

Así lo estima el artículo The tactics are changing: from the newsroom to the courtroom, elaborado por Javier Chércoles-Blázquez, asesor de Primark, exdirector de RSC de Inditex y profesor en el Instituto de Gestión de Desastres de la Universidad de Daca; Javier Sardina, profesor del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus) de la Universidade de Santiago de Compostela, y Mokaddem Hossain, profesor en la Universidad de Dacca.

 

Los académicos recuerdan que los modelos de autorregulación de las compañías funcionan bien “sólo cuando hay problemas que pueden ser abordados y soluciones que encontrar, y sólo dentro de los límites de la relación entre marcas y proveedores o entre proveedores”.

 

 

 

 

Sin embargo, encontrar soluciones es más complejo cuando las externalidades negativas se cruzan con la esfera pública, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de los derechos humanos y de los trabajadores, una materia “fundamental para algunos gobiernos, pero delicada para otros”.

 

En este sentido, en la industria de la moda se produce una división “casi binaria”, califican los autores: las marcas y los consumidores se encuentran en países donde estos derechos se protegen, mientras que la producción suele realizarse en mercados donde hay gobiernos corruptos o autoritarios que suelen “anteponer intereses nacionalistas, sectoriales o corporativos por encima del bienestar de los trabajadores”.

 

Los académicos anticipan una oleada de regulaciones en materia de RSC “procedente de estados con fuertes credenciales democráticos liberales”, como han comenzado a hacer tanto la Unión Europea como Estados Unidos.

 

En Estados Unidos, por ejemplo, la Oficina de Aduanas ha frenado importaciones de artículos de moda fabricados con algodón de la región de Xinjiang por la sospecha de que procedan del empleo forzado de la minoría uigur.

 

 

 

 

 

A esto se suman, además, las crecientes demandas privadas y la cada vez mayor presión por parte de los ciudadanos. El problema es que al otro lado de la cadena se encuentran Gobiernos de baja calidad democrática o directamente autocráticos que proveen “respuestas terriblemente lentas”.

 

“En estas circunstancias, esperar una solución general al problema de los Derechos Básicos y Fundamentales de un trabajador (para implementar un plan de compensación para empleados mediante la institución de un sistema de Seguridad Social a escala nacional, por ejemplo) puede no ser un curso de acción aconsejable para las marcas”, recomiendan los autores.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), las ONG y las marcas llevan décadas haciendo lobby pero eso no ha resultado en la creación de un sistema de seguridad social en Bangladesh”, recuerda el estudio.

 

En este contexto, los autores hacen un llamamiento a las marcas a explorar herramientas “innovadoras” para el tercer sector, con el objetivo de ofrecer, por ejemplo, compensaciones cuando se produce una catástrofe o salidas para empleados con algún tipo de discapacidad. ¿El objetivo? Proteger a los trabajadores, pero también “reducir su responsabilidad y su asistencia a los juzgados de París, Nueva York o Madrid”.

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