¿Dónde tributan las ventas online?

Un usuario emplazado en Madrid adquiere a través de Internet una prenda de una marca alemana en una tienda online de una empresa francesa. Esta acción, perfectamente normal en el mercado actual de la moda gracias al auge de las ventas online, conlleva un importante debate fiscal. Y es que, teniendo en cuenta que vendedor y comprador no tiene por qué encontrarse en el mismo país, ¿dónde deben tributar las ventas?

El  Senado estadounidense aprobó la semana pasada la llamada Ley del Mercado Justo, que aborda precisamente esta problemática. El proyecto legislativo, que está pendiente del visto bueno de la Cámara de Representantes del país norteamericano, pretende exigir a las tiendas online que cobren un impuesto en los estados donde no tengan presencia física, pero en los que sus ventas superen el millón de dólares anuales.

Actualmente, las empresas de ecommerce sólo cobran impuestos a los compradores en aquellos estados en los que tienen presencia física, con lo que el Gobierno de dicho estado no recaba impuestos por las compras realizadas por ciudadanos de su territorio. Empresas como Walmart o Amazon apoyan la medida, que recibe en cambio el rechazo de Ebay, que defiende poner el listón en los 10 millones de dólares al año.

De salir adelante, la medida defendida por el Gobierno estadounidense representaría acercarse al modelo que rige en la Unión Europea, donde los operadores de comercio electrónico deben darse de alta en el IVA de otros países cuando sus operaciones en el mismo superen los 30.000 euros, además de presentar y liquidar este impuesto en dicho país.

Novedades

 Por otro lado, próximamente los operadores españoles se verán sometidos a nuevas obligaciones legales hacia sus usuarios, al dictado de la modificación de la ley de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios impulsada por el Gobierno.

El proyecto legislativo, que transpone a España la legislación comunitaria, elevará de siete días hábiles a catorce días naturales el periodo de desistimiento en el cual el usuario puede realizar una devolución del producto adquirido sin necesidad de informar de ningún motivo. Además, se incorporará un modelo de formulario normalizado y se fijará un plazo máximo de 14 días para la devolución del dinero en caso de desistimiento.